La Constitución Española

Según el artículo 9.2 de la Constitución, ¿qué exige a los poderes públicos el mandato constitucional de promover una libertad e igualdad reales y efectivas?

• A)Mantener idénticas medidas para cualquier situación, aunque persistan obstáculos a la participación.
• B)Reservar la promoción de igualdad a los tribunales, sin intervención de otros poderes públicos.
• C)Promover condiciones, remover obstáculos y facilitar participación en la vida colectiva.✓ Correcta
• D)Limitar su actuación a reconocer derechos formalmente, sin medidas para hacerlos efectivos.

Por qué: El mandato exige promover condiciones para libertad e igualdad reales, remover obstáculos y facilitar participación política, económica, cultural y social. Mantener medidas idénticas sin atender a obstáculos no reproduce esa exigencia. Tampoco se reserva a jueces ni se agota en reconocer derechos sobre el papel. La sujeción al ordenamiento y esta obligación de actuación se recogen en los apartados 1 y 2 del artículo 9.

Según el artículo 14 de la Constitución, ¿qué alcance tiene la prohibición constitucional de discriminación?

• A)La discriminación por las causas enumeradas y por otras condiciones personales o sociales.✓ Correcta
• B)Las diferencias de trato justificadas por circunstancias objetivas y proporcionadas.
• C)La discriminación por las causas enumeradas, sin incluir otras circunstancias personales.
• D)Las diferencias en empleo público, quedando las demás relaciones fuera del artículo.

Por qué: El artículo 14 contiene causas expresas y una cláusula abierta de condiciones o circunstancias personales o sociales. No se limita a una lista cerrada o al empleo público. Igualdad no convierte toda diferencia objetivamente justificada y proporcionada en discriminación. Deben distinguirse diferenciación fundada y trato discriminatorio.

Según el artículo 1.1 de la Constitución, ¿qué conjunto recoge los valores superiores del ordenamiento?

• A)Legalidad, jerarquía, eficacia y coordinación.
• B)Solidaridad, descentralización, objetividad y seguridad jurídica.
• C)Mérito, capacidad, imparcialidad y responsabilidad patrimonial.
• D)Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.✓ Correcta

Por qué: El artículo 1.1 enumera esos cuatro valores. Las otras opciones reúnen principios o garantías que pueden aparecer en otras disposiciones, pero no son la lista de valores superiores. No debe confundirse el artículo 1 con la organización administrativa o el empleo público.

Según el artículo 53.2 de la Constitución, ¿qué pareja de derechos cuenta con tutela judicial mediante un procedimiento basado en preferencia y sumariedad?

• A)Propiedad privada y libertad de empresa.
• B)Igualdad ante la ley y libertad de expresión.✓ Correcta
• C)Protección de la salud y vivienda digna.
• D)Derecho al trabajo y negociación colectiva.

Por qué: La igualdad ante la ley y la libertad de expresión cuentan con esta tutela judicial reforzada. Propiedad y libertad de empresa, así como trabajo y negociación colectiva, tienen garantías constitucionales, pero no ese procedimiento por su sola condición de derechos. Salud y vivienda son principios rectores con su régimen de desarrollo legal. El artículo 53.2 delimita esta protección: no todos los derechos tienen las mismas garantías.

Según el artículo 10.2 de la Constitución, ¿qué referencias internacionales deben orientar la interpretación de los derechos y libertades constitucionales?

• A)La Declaración Universal y los tratados sobre la materia ratificados por España.✓ Correcta
• B)La Declaración Universal y cualquier tratado firmado, aunque no haya sido ratificado.
• C)Los tratados sobre la materia, excluyendo la Declaración Universal como referencia.
• D)La Declaración Universal, excluyendo los acuerdos internacionales ratificados sobre la materia.

Por qué: El artículo 10.2 remite a la Declaración Universal y a los tratados y acuerdos internacionales sobre esas materias ratificados por España. Firmar un tratado no sustituye la ratificación requerida. Tampoco se excluye una de las dos referencias. La regla orienta la interpretación de los derechos y libertades constitucionales, sin convertir cualquier documento internacional en esa referencia.